Según les contábamos hace unos días, Enrique Cascallana y los suyos han decidido embarcarnos a todos en un contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid a cuenta del desarrollo urbanístico de Retamar de la Huerta.Actuando cual pitufo gruñón, Cascallana ha decidido cargar contra el informe emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, argumentando que la tipología edificatoria es una competencia municipal y que la disminución de la edificabilidad propuesta en el informe conlleva una disminución de aprovechamiento que provocaría el incumplimiento de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Pero dejando a un lado quien tiene razón en un conflicto cuya resolución llevará años en los tribunales, sorprende especialmente que Cascallana y sus colegas, tan amigos ellos de lo público, externalicen la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Alcorcón en este asunto y otorguen a un bufete privado la representación de nuestro Municipio cuando existe una Asesoría Legal (con abogados y todo) en el Consistorio que podría hacerse cargo sin coste alguno para las arcas municipales.
Yolanda Perez Tenorio, la Portavoz Popular en este asunto criticó ayer durante el Pleno Municipal esto mismo, cifrando en 17.400 euros el coste adicional que supondrá acudir al bufete de D. Jesús González Pérez (JGP Abogados) para recibir la misma asistencia jurídica que podrían haber ofrecido los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alcorcón, cuyos 19 funcionarios ya nos cuestan cada año unos 675.614,35 Euros a todos los ciudadanos de Alcorcón.
2 comentarios:
Sr alcalde de mis impuestos NO.
Si esos funcionarios no saben realizar su trabajo, que empiecen a economizar echándolos a la calle.
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